¿EN QUE MOMENTO DEBE JUBILARSE UN MÉDICO, UN DOCENTE UNIVERSITARIO O UN MAESTRO?

 En el marco de las restricciones económicas y cambios tecnológicos, la cooperativa COTAS de Santa Cruz, emblema del modelo cooperativista, ha decidido para este año 2024, ahorrarse Bs. 40 millones anuales en salarios del personal que ampliamente superó la edad de jubilación, invitando a retiro a su personal y pagándoles sus beneficios sociales.

Por otra parte, los médicos y trabajadores de salud que pertenecen a la planilla del Ministerio de Salud acaban de parar la semana pasada por 48 horas y ahora lo hacen por 72 horas más, ante la amenaza del gobierno de jubilarlos a los 65 años de edad. El sector considera que jubilarse en el sistema público es una decisión personal y no puede existir norma que así lo disponga.

Ambas situaciones descritas nos conducen a una pregunta controversial ¿En qué momento debemos jubilar a los profesionales del sector público? La respuesta podría ser sencilla si recurrimos a la teoría económica. Cuando la productividad marginal sea menor al costo del factor de producción. Significa que a cada trabajador se le paga de acuerdo con la cantidad adicional de producción que puede generar. No obstante, en un mundo real la situación es mucho más compleja y además conflictiva.

Algo que parece absolutamente racional y justo, se torna polémico cuando financiamos los salarios con presupuestos públicos y sin costos de jubilación, entonces: ¿Cuál sería el momento óptimo, desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, de jubilar a un docente universitario, médico o maestro público? Además, en un contexto altamente político, de ausencia de carrera administrativa que privilegie el mérito y también de alta conflictividad por la capacidad de movilización de los sindicatos que interrumpen, como en salud, servicios imprescindibles para la sociedad.

Si la premisa es contar con servidores públicos reclutados por meritocracia y no por una burocracia de baja calificación, necesitamos los mejores médicos, docentes universitarios y maestros, estos deberían ser graduados con las máximas distinciones, expertos en sus campos de especialidad, con maestrías y doctorados, ojalá en universidades internacionalmente reconocidas, profesionales de referencia en su campo de trabajo; capaces de publicar “papers” o apalancar recursos de investigación a través de plataformas y redes internacionales de transferencia del conocimiento. Estos deberían ser las particularidades exigidas a profesionales contratados y pagados por los tributos de una sociedad, máxime para docentes y personal médico.

Los devaluados montos de jubilación no son un incentivo para pasar a la vida laboral pasiva; además, el tema se maneja en un contexto con normativa laboral propia de la década de 1950, vía el escalafón en educación (1957), la autonomía universitaria (1953) contradictoria con la demanda el siglo XXI (modalidades telemáticas, asincrónicas, multi-sensoriales y bajo un esquema de remuneración por desempeño, entre otras), persisten en mantener la inamovilidad funcionaria en tiempos de alta rotación, y tecnologización que expone aún más las falencias cuando el personal no está debidamente calificado.

En resumen, el momento óptimo para la jubilación de un docente universitario, un profesional médico o un maestro varía según factores individuales y contextuales. Sin embargo, ante la evidencia de las últimas décadas, resulta poco digno retirarlo por la evidente pérdida de sus facultades o perpetuarlo tan sólo por su antigüedad, criterio ciego y nocivo para premiar el demérito y bloquear a nuevos profesionales que incorporen nueva tecnología, conocimiento especializado e innovación.

En última instancia, la edad de 65 años no tiene por qué ser la única “métrica” a la cual deben jubilarse los profesionales, pero también es cierto que no puede depender de una decisión individual acogerse al retiro cuando existen de por medio financiamiento estatal. Retirar al personal improductivo es un deber cuando se administra lo público.

La mirada homogenizante impide reconocer las particularidades de cada sector y cada profesional; sin embargo, es impostergable persuadir e insistir por la medición, por evaluar objetiva y periódicamente el desempeño del profesional público, que limite la tendencia a sobrecargar los ítems con personal político de baja aptitud, con mayor razón si están pagados con recursos públicos y ante la impostergable necesidad de servicios públicos de mejor calidad.

EL DRAMA DE LAS UNIVERSIDADES BOLIVIANAS

Periódicamente la Consultora Británica Quacquarelly Symonds (QS) mide y ordena 1500 instituciones educativas de 104 países a través de la revisión de algunos criterios como el número de publicaciones académicas realizadas por las Universidades, encuestas a más de 240.000 profesores y empleadores. Mide la cantidad de citas en publicaciones científicas, la presencia de estudiantes extranjeros en sus aulas, incluyendo para este año tres elementos adicionales; la valoración sobre la presencia de las universidades en redes internacionales a favor de la sostenibilidad, la capacidad de asegurar empleo para el graduado y la pertenencia a redes de investigación internacional.

El ultimo ranking QS 2024 (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024), recientemente publicado determina que las universidades top del mundo, son Massachusetts Institute of Technology (MIT) celebrando sus 12 años en el top, la Universidad de Cambridge mantiene el segundo lugar, mientras que la Universidad de Oxford asciende a la tercera posición en este año.

Sin embargo, la mala noticia, una vez más, es que las universidades bolivianas no aparecen, y cuando lo hacen, solo tres de ellas, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Católica y la Universidad Mayor de San Simón se las halla en el último centil de 1.500 universidades.

Lo dramático es que no solo las tres mencionadas aparecen al final del ranking, sino que el resto no alcanzan a ser medidas porque académicamente no llegan a cumplir con algunos de los criterios básicos que los habiliten para su medición o porque finalmente, no brindan información relevante para su análisis.

Sabemos que el contexto no ayuda, con gobiernos que evitan que Bolivia se acoja a mediciones internacionales, o nuevas leyes en educación que son cuestionadas en su aplicación y lo que es peor en su implementación. Por otra parte, en las públicas parece que más autonomía no es el camino y mayores recursos tampoco, como los que se recibieron en grandes volúmenes producto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

¿Cómo mejoramos el rendimiento de las universidades bolivianas? ¿De qué forma podemos contribuir a elevar el desempeño y la exigencia tanto en alumnos, docentes y planes de estudios? ¿Cómo logramos que las Universidades conduzcan y nos orienten sobre las reformas luego del Covid 19, la agenda urbana, el futuro censo 2024 y el pacto fiscal? Etc., etc., etc.

¿Cuáles son los factores por los cuales no aparecen más universidades bolivianas en el ranking y las que lo hacen porque se hallan situadas al final del mismo? ¿Qué se hace mal en Bolivia para que nuestras universidades no tengan un mejor desempeño? ¿Cuáles son las razones para que un tema capital importancia para una sociedad no exista debate y no se le conceda la importancia que dispone? ¿Por qué la calidad de las Universidades Bolivianas nos es un tema que se halle en la agenda política y académica?

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: Entre el estatismo y la administración privada

 

Desde 1957 hasta 1996, el gobierno central administró la seguridad social del fondo de pensiones. Durante cuatro décadas, el sistema prestó un servicio deficiente a los jubilados, debido a una administración politizada, un excesivo y costoso personal, así como una gestión financiera poco productiva y rudimentaria, lo que generó una crisis en los años 80.

A pesar de haber creado una institución exclusivamente dedicada a la recaudación y pago de las rentas a jubilados, el sistema de pensiones llamado de "Reparto Simple" comenzó a tener problemas de solvencia con el cada vez menor aporte de los trabajadores. La clave del antiguo sistema radicaba en el financiamiento provisto por los trabajadores activos quienes en la suficiente cantidad cubrían a todos los pasivos. Según datos de la época, hasta ese momento existían 2.6 trabajadores activos por cada trabajador pasivo, pero esta relación se hizo cada vez más estrecha y dramática con el tiempo, lo que condujo a la imposibilidad de pagar rentas oportunamente a miles de jubilados.

En 1996, el sistema de pensiones llegó a un punto de no retorno. Además de los problemas administrativos propios de un órgano estatal, se sumaron la reducción del gasto público y el cierre de varias empresas públicas, lo que generó un despido masivo de trabajadores. Esta precaria situación se agudizó a partir de 1985, con la crisis económica que requirió de fuertes medidas de ajuste, como la reducción del gasto estatal y la estabilización de precios y del tipo de cambio.

El Decreto Supremo 21060, además de reducir el tamaño del Estado mediante el cierre de varias empresas públicas deficitarias, también generó despidos masivos que afectaron a miles de trabajadores que desembarcaron en el desempleo o la informalidad de mercados laborales precarios. Todo esto terminó por dar el "tiro de gracia" a la tendencial insolvencia para cubrir a los jubilados bajo el sistema de "Reparto Simple". La declaración de igualdad matemática entre dos expresiones de la ecuación básica del modelo…se había roto.

Ante este escenario, el gobierno adoptó un nuevo modelo de pensiones que brindara seguridad, rentabilidad y transparencia sobre los descuentos realizados a cada trabajador. El modelo elegido se denominó de "Capitalización Individual". A partir de 1996, con la Ley 1732 de Pensiones, se habilitaron cuentas individuales en lugar de un fondo común, lo que permitió un seguimiento y control directo de los aportes realizados por cada persona durante su vida laboralmente activa. Estas cuentas fueron administradas por dos instituciones privadas con experiencia en el mercado de capitales, reguladas por una superintendencia a cargo del gobierno.

Si bien el cambio generó una solución para las generaciones futuras, no lo fue para la generación que, a pesar de haber aportado por décadas, sufrió las consecuencias de recibir jubilaciones muy bajas en comparación con el monto percibido durante su vida activa. Sin embargo, la transparencia en el manejo de la información y los rendimientos satisfactorios entregaron un voto de confianza a la continuidad del novedoso modelo de "capitalización individual".

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) fue creada en 2010 y comenzó a operar en 2015 mediante un decreto supremo. Desde mayo de 2023, sin experiencia previa en el manejo de inversiones, ha asumido la gestión efectiva de los fondos. Se está cambiando la administración de los ahorros desde manos privadas hacia las del gobierno. Aunque no se están “estatizando” los ahorros individuales privados, el gobierno decidió “estatizar” la administración de los fondos de pensiones.

El traslado de la administración a manos del gobierno no dispone de una evaluación de desempeño que haga un corte transversal y justifiquen este cambio sobre el trabajo que venían desarrollando las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Tampoco se conoce si esta decisión es parte de una política pública a largo plazo que defina las líneas de trabajo y proyecte el crecimiento de los fondos de pensiones con mejores rendimientos, menores costos de administración y mayor transparencia que las administradoras privadas en los últimos años.

Si queremos aprender de los errores del pasado, será prioridad del gobierno consolidar un órgano técnico, eficiente y transparente, con mayores capacidades de especialización y conocimiento que la reciente administración privada. La gestora pública deberá abrirse a participar en mercados de capitales internacionales y utilizar plataformas tecnológicas y bursátiles capaces de aprovechar las oportunidades que brindan los mercados del siglo XXI.

Si la Gestora pretende ser una entidad técnica y especializada, deberá contar con una serie de reglamentos de administración que eviten márgenes de discrecionalidad de sus ejecutivos, una separación de poderes entre su directorio y el Ministerio de Economía y Finanzas, el reclutamiento de personal por mérito y una política moderna que mejore el rendimiento y todas las formas de diversificación del riesgo. Además, resultará fundamental contar con el asesoramiento externo de calidad que tenga en cuenta factores como el riesgo cambiario, las regulaciones locales y los modelos de análisis y simulación de las condiciones políticas y económicas que influyen en los mercados de valores en los que se podría llegar a invertir.

El monto acumulado a lo largo de la vida laboral representa un capital autónomo para el individuo y uno colectivo para el sistema financiero en su conjunto. Estos fondos acumulados no solo posibilitan el ahorro nacional, sino que también pueden ser la fuente de apalancamiento de mayores recursos que brinden no solo respaldo financiero y estabilidad a la economía, sino también oportunidades de inversión pública de mayor calidad.

Para garantizar la salud y la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la macroeconomía del país, las economías actuales se basan en la confianza y en el crédito otorgado a los distintos actores en los diferentes mercados. La cifra más alta jamás acumulada en la historia económica boliviana, que asciende a USD 24.000 millones, exige credibilidad e inmediata generación de confianza.

¿ESTAMOS GESTIONANDO ADECUADAMENTE EL RIESGO DE CONSTRUCCIÓN EN EL SUELO URBANO?

 ¿ESTAMOS GESTIONANDO ADECUADAMENTE EL RIESGO DE CONSTRUCCIÓN EN EL SUELO URBANO? *

“La prevención de terremotos no puede luchar contra el afán de lucro”, afirmó Hasan Aksungur, Presidente del Colegio de Ingenieros de Adana, ciudad portuaria de Turquía que sufrió el colapso de sus edificios el 6 de febrero de este año debido a un terremoto que dejó más de 44.218 muertos y miles de edificios derrumbados a las cuatro de la madrugada. De esta forma, Aksungur cuestionó al gobierno turco por haber legalizado desde hace muchos años cientos de miles de edificaciones fuera de norma, principalmente por construcciones que superaban el límite permitido de altura y que, en su criterio, fueron una de las causas principales de la pérdida de miles de vidas y viviendas y del consiguiente desastre.

El colapso de Turquía, según el ingeniero, se explica principalmente por la baja calidad de los materiales y la falta de cumplimiento de las normativas para construcciones que, por su volumen, altura y peso, resultaron ser vulnerables ante un terremoto de las características del ocurrido (7,8 en la escala de Richter y con movimientos horizontales de placas), dejando en ruinas varios sectores de la ciudad de Beirut.

En las semanas posteriores, las fuerzas de seguridad turcas han arrestado al menos a una docena de personas, entre ellas constructores y arquitectos, relacionados con algunas de las miles de edificaciones destruidas o gravemente dañadas en los sismos, como los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a la falta de controles.

La Paz, a diferencia de otras ciudades relativamente más "planas", convive con el peligro permanente debido a su accidentada topografía, suelo frágil con laderas de alta pendiente, deforestación descontrolada que también contribuye a las riadas o desplazamientos de fuertes volúmenes de agua y lodo que recurrentemente retoma su cauce natural, alimentado por los cientos de ríos que nacen de diversas cuencas. Además, su riesgo aumenta por ser parte del "cinturón de fuego del Pacífico", donde se juntan placas tectónicas muy susceptibles de tener sismos debido a que están moviéndose de forma constante, lo que da origen a terremotos y tsunamis en el océano Pacífico.

La ciudad de La Paz enfrenta no solo una amenaza natural, sino también una adicional debido al tipo de edificaciones construidas en suelos inestables y de alta pendiente. La mayoría de estas construcciones no cumple con todas las etapas necesarias para la aprobación del proyecto de construcción. Muchas viviendas fueron construidas sin permisos y, cuando se otorgan, la edificación final no coincide con el proyecto presentado ante el gobierno municipal. Esto genera una serie de transgresiones permanentes a las normas y a la buena fe.

Además, existe una amenaza menos visible pero igualmente peligroso, relacionado con la calidad de construcción y la habitabilidad de las viviendas. Dos conceptos exigentes que ponen en aprietos al mundo inmobiliario que busca siempre aumentar la plusvalía urbana. ¿Quién es responsable de vigilar el cumplimiento de estos dos conceptos? ¿Es suficiente que los desarrolladores inmobiliarios sean los responsables directos del proyecto y su ejecución? ¿Deberían estos actores responder por la calidad de las urbanizaciones, edificios y viviendas construidas en la ciudad? ¿Cómo se controla el cumplimiento de los estándares mínimos para asegurar el uso y la combinación de materiales adecuados, la calidad de los insumos necesarios, la recomendable profundidad de los cimientos, la estabilidad del suelo, las vías de evacuación y zonas de refugio con dimensiones y en lugares apropiados?

¿Qué autoridad actualmente puede certificar que una edificación es habitable? Entendiendo por habitable que cumple con los requisitos mínimos de seguridad para sus ocupantes, incluyendo la fachada, las dimensiones de los accesos, los estacionamientos, los jardines y las áreas verdes, la distribución de las zonas de descanso, la iluminación, la ventilación y los materiales de suelos, paredes y techos entre otros.

Erróneamente se cree que la aprobación final de un plano (As built) o la regularización de una construcción son suficiente garantía para comprar y ocupar una vivienda. Sin embargo, debido al crecimiento rápido y espontáneo de la ciudad, la autoridad municipal no tiene la competencia ni la capacidad institucional para asumir tal compromiso. Este vacío no solo diluye la responsabilidad, sino que también genera un incentivo perverso para minimizar los costos de la construcción en suelo urbano cada vez más sobrevalorado y poner en situación desventajosa a las familias.

Por lo tanto, será urgente proteger a quienes no tienen la competencia para definir la calidad y habitabilidad de las viviendas construidas; pero lo más importante será proteger a las familias que adquieren departamentos u oficinas en torres edificadas en zonas de riesgo o que superan las alturas permitidas, así como viviendas que lo hacen en las laderas de la ciudad, a menudo con gran esfuerzo y escasa información.

Para concluir, resulta imperioso tomar medidas ante las amenazas físicas por las posibles pérdidas materiales, financieras por los eventuales costos de la emergencia y de reconstrucción, pero, sobre todo legales por las probables responsabilidades individuales de muy difícil identificación y reparación. Ello supone de manera imprescindible su agendamiento político, para desarrollar luego una legislación específica, desarrollar los instrumentos apropiados para reducir el riesgo y finalmente, fortalecer el financiamiento y las capacidades de planificación tanto o más como aquello que se hizo en su momento para la respuesta a las emergencias a partir del año 2001 en la ciudad de La Paz. Desastres como el de Beirut no están lejos de nuestra realidad y deberían servir como una experiencia que no podemos repetir.

 

 

Vladimir Ameller Terrazas

*Es economista

Revocatorio para un frágil Estado?
Mientras no haya condiciones de objetividad para el revocatorio, la democracia está en riesgo. Vladimir Ameller Terrazas - es economista 17/07/2018 07:45 AM Durante el presente año, 245 solicitudes de revocatorio de mandato fueron presentadas sobre 370 autoridades electas del Estado Plurinacional; es la evidencia suficiente para señalar que el mecanismo del revocatorio de mandato perdió su esencia, y se convirtió en el instrumento de amenaza y desestabilización de la gestión gubernamental dirigida a descabezar regímenes que no van en la línea de quienes, de forma siempre subjetiva, recolectan firmas para iniciar el peregrinaje por un revocatorio. El defecto consiste en convertir una oportunidad de reencauzamiento de la gestión gubernamental en otro de desmembramiento de la precaria institucionalidad que se pretende conformar cada vez que se inicia un periodo de gestión, destituyendo autoridades, principalmente de entidades territoriales autónomas, sin bases sólidas u objetivas que justifiquen la iniciativa. Las percepciones, sensaciones o inclinaciones sesgadas no constituyen argumentos suficientes para desatar toda una cruzada de desestabilización de la gestión pública territorial. La medida del revocatorio, equivocadamente utilizada, es un conjunto de etiquetas superficiales y precipitadas de cuestionamiento; en general, infundadas sobre la gestión; precisamente, son los actores desestabilizadores que se valen de estos vacíos para abogar por la revocación del mandato, sin que exista instrumento de medición alguno que determine qué significa una “mala gestión” o qué se entiende por un alcalde o alcaldesa “incapaz”. Se adjetiviza la gestión, pudiendo determinar al menos sencillos mecanismos para valorar el desempeño institucional, cumplimiento de metas de desarrollo, la calidad del gasto público, la inversión en activos no tangibles, entre  otros. Hoy, al igual que hace 50 años o más, como Estado Plurinacional no contamos con herramientas que permitan documentar y respaldar de manera objetiva o científica los rasgos más importantes de una gestión gubernamental, que contribuyan a una mejor evaluación y, por consiguiente, a una mejor percepción de las gestiones territoriales. La creciente sombra de la politización para la valoración de la continuidad o cese de funciones de las autoridades elegidas por el voto, se convierte en una amenaza invariable para gestiones municipales, especialmente en ámbitos urbanos, donde los intereses son manifiestos por conseguir lealtades políticas. La política influye en la aplicación inapropiada y antojadiza del derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el periodo de su mandato, cubriendo infundadamente con un manto de sombras la calidad y pertinencia de su gestión. En Estados precarios y débiles como el nuestro, limitado en las capacidades institucionales para anteponer la subjetividad a la objetividad, la presunción a la prueba, el interés particular al bienestar colectivo, se amplifican las posibilidades de incriminar a las autoridades más cercanas al ciudadano común, por las ineficiencias, carencias o gestión de calidad de una entidad territorial autónoma. En este contexto “contaminado” de aplicación del revocatorio, está bajo cuestionamiento la viabilidad y sostenibilidad de la gobernanza del territorio municipal, especialmente en conglomerados urbanos que muestran un crecimiento permanente en lo demográfico y protagonismo cada vez más importante en lo económico y político, de no limitar y precisar a tiempo bajo qué condiciones las autoridades pueden estar sometidas a una solicitud que pueda concluir en un revocatorio de mandato. Por ello, la asignatura pendiente: mientras no se precise o defina estas condiciones imprescindibles de objetividad, la democracia municipal y departamental está en riesgo. Resulta central determinar o dictaminar sobre la calidad de la gestión de autoridades elegidas. Con mayor razón en el caso de las autoridades municipales, que administran ciudades ante el contexto adverso que se presenta en materia financiera con los recortes en los presupuestos subnacionales, la competencia desleal ejercida por el gobierno central en el territorio y la judicialización permanente de la política. Finalmente y buscando un balance, no solo el problema radica en la politización y abuso del revocatorio para descabezar gestiones institucionales, sino también por el escaso interés del sistema político y los gobernantes para reducir los grados de discrecionalidad y subjetividad en el ejercicio de la gestión pública; de otra forma, continuarán siendo el fermento para la búsqueda de fisuras a la gestión de los territorios y una amenaza permanente para la estabilidad, sostenibilidad y consolidación de la democracia territorial. 

Autonomía sin Autonomía Fiscal?

La carrera de los cien metros, puede concluirse en menos de
once segundos. La maratón de cuarenta y dos kilómetros puede
ocupar varias horas terminarla; una es de velocidad y corto
desarrollo; la otra no, es de largo aliento, de cumplimiento de
etapas, de necesidad de auxilio y orientación, pero también
de planeación y aprendizaje sobre la marcha, porque habrá
momentos que exijan arremetidas y otros de sabia dosificación
de energía. VAT.

La metáfora señalada al iniciar esta introducción nos invita a pensar que algo similar ocurre con el régimen de autonomías en Bolivia; el tema no es quién implementa primero la autonomía, sino quién y cómo se construye Estado con la autonomía. Por ello, el proceso de construccion de estatalidad y ciudadanía a través de las autonomías tiene hoy su propia velocidad, resultado de la interdependencia de múltiples factores que podrían calificar al proceso de rápido o lento, según los ojos de quien la mire, según el reflejo y momento de las propias aspiraciones o frustraciones, sean éstas individuales o colectivas.
Observando el modelo, su proceso y avances, es inevitable preguntarse —una vez más—:¿Necesitábamos más autonomías para el Estado?, o ¿Deberíamos, primero, haber insistido en construir más Estado para las autonomías; más institucionalidad, tecnología y conocimiento para evitar la tradicional impredicibilidad del
comportamiento estatal en su relacionamiento con una sociedad cada vez menos tolerante y empoderada?
Este efecto de “ampliación” a más gobiernos y formas de autonomía, se magnifica con el segundo efecto, de “ensanchamiento”, por las obligaciones expresadas en los 411 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), casi el doble de la anterior constitución. Sin embargo, el régimen de financiamiento del
nuevo Estado Plurinacional no cambia, y si hasta ahora sostiene el nuevo armazón constitucional es por la Ley 3058 de Hidrocarburos, poco equitativa y “negociada” con un gobierno de transición; además del impredecible efecto de precio en los volúmenes de exportaciones de gas; y no precisamente por el desarrollo de una nueva estructura tributaria más universal, menos regresiva, más justa y eficiente, que cubra
las necesidades actuales y futuras de gasto de la gestión estatal. (Introducción Libro PNUD, Cuadernos de Política Publica No.2, 2013)

Invito a leer y comentar la ultima publicacion de la KAS, sobre la Consulta Previa. El ensayo realizado conjutamente Diego Chavez, dispone de fuertes cuestionamientos desde el punto de vista fiscal un mecanismo de consulta muy costoso y sin ninguna vinculacion a  politicas publicas. VAT
http://www.kas.de/ppi/es/publications/33592/