¿ESTAMOS GESTIONANDO ADECUADAMENTE EL RIESGO DE
CONSTRUCCIÓN EN EL SUELO URBANO? *
“La prevención de terremotos no puede luchar contra el afán de lucro”,
afirmó Hasan Aksungur, Presidente del Colegio de Ingenieros de Adana, ciudad
portuaria de Turquía que sufrió el colapso de sus edificios el 6 de febrero de
este año debido a un terremoto que dejó más de 44.218 muertos y miles de
edificios derrumbados a las cuatro de la madrugada. De esta forma, Aksungur
cuestionó al gobierno turco por haber legalizado desde hace muchos años cientos
de miles de edificaciones fuera de norma, principalmente por construcciones que
superaban el límite permitido de altura y que, en su criterio, fueron una de
las causas principales de la pérdida de miles de vidas y viviendas y del
consiguiente desastre.
El colapso de Turquía, según el ingeniero, se explica principalmente por
la baja calidad de los materiales y la falta de cumplimiento de las normativas
para construcciones que, por su volumen, altura y peso, resultaron ser
vulnerables ante un terremoto de las características del ocurrido (7,8 en la
escala de Richter y con movimientos horizontales de placas), dejando en ruinas
varios sectores de la ciudad de Beirut.
En las semanas posteriores, las fuerzas de seguridad turcas han
arrestado al menos a una docena de personas, entre ellas constructores y
arquitectos, relacionados con algunas de las miles de edificaciones destruidas
o gravemente dañadas en los sismos, como los primeros pasos del Estado para
depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la
baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a la
falta de controles.
La Paz, a diferencia de otras ciudades relativamente más
"planas", convive con el peligro permanente debido a su accidentada
topografía, suelo frágil con laderas de alta pendiente, deforestación
descontrolada que también contribuye a las riadas o desplazamientos de fuertes
volúmenes de agua y lodo que recurrentemente retoma su cauce natural,
alimentado por los cientos de ríos que nacen de diversas cuencas. Además, su
riesgo aumenta por ser parte del "cinturón de fuego del Pacífico",
donde se juntan placas tectónicas muy susceptibles de tener sismos debido a que
están moviéndose de forma constante, lo que da origen a terremotos y tsunamis
en el océano Pacífico.
La ciudad de La Paz enfrenta no solo una amenaza natural, sino también
una adicional debido al tipo de edificaciones construidas en suelos inestables
y de alta pendiente. La mayoría de estas construcciones no cumple con todas las
etapas necesarias para la aprobación del proyecto de construcción. Muchas
viviendas fueron construidas sin permisos y, cuando se otorgan, la edificación
final no coincide con el proyecto presentado ante el gobierno municipal. Esto
genera una serie de transgresiones permanentes a las normas y a la buena fe.
Además, existe una amenaza menos visible pero igualmente peligroso,
relacionado con la calidad de construcción y la habitabilidad de las viviendas.
Dos conceptos exigentes que ponen en aprietos al mundo inmobiliario que busca siempre
aumentar la plusvalía urbana. ¿Quién es responsable de vigilar el cumplimiento
de estos dos conceptos? ¿Es suficiente que los desarrolladores inmobiliarios
sean los responsables directos del proyecto y su ejecución? ¿Deberían estos
actores responder por la calidad de las urbanizaciones, edificios y viviendas
construidas en la ciudad? ¿Cómo se controla el cumplimiento de los estándares
mínimos para asegurar el uso y la combinación de materiales adecuados, la
calidad de los insumos necesarios, la recomendable profundidad de los
cimientos, la estabilidad del suelo, las vías de evacuación y zonas de refugio
con dimensiones y en lugares apropiados?
¿Qué autoridad actualmente puede certificar que una edificación es
habitable? Entendiendo por habitable que cumple con los requisitos mínimos de
seguridad para sus ocupantes, incluyendo la fachada, las dimensiones de los
accesos, los estacionamientos, los jardines y las áreas verdes, la distribución
de las zonas de descanso, la iluminación, la ventilación y los materiales de
suelos, paredes y techos entre otros.
Erróneamente se cree que la aprobación final de un plano (As built) o la regularización de una
construcción son suficiente garantía para comprar y ocupar una vivienda. Sin
embargo, debido al crecimiento rápido y espontáneo de la ciudad, la autoridad
municipal no tiene la competencia ni la capacidad institucional para asumir tal
compromiso. Este vacío no solo diluye la responsabilidad, sino que también
genera un incentivo perverso para minimizar los costos de la construcción en
suelo urbano cada vez más sobrevalorado y poner en situación desventajosa a las
familias.
Por lo tanto, será urgente proteger a quienes no tienen la competencia
para definir la calidad y habitabilidad de las viviendas construidas; pero lo
más importante será proteger a las familias que adquieren departamentos u
oficinas en torres edificadas en zonas de riesgo o que superan las alturas
permitidas, así como viviendas que lo hacen en las laderas de la ciudad, a
menudo con gran esfuerzo y escasa información.
Para concluir, resulta imperioso tomar medidas ante las amenazas físicas
por las posibles pérdidas materiales, financieras por los eventuales costos de
la emergencia y de reconstrucción, pero, sobre todo legales por las probables responsabilidades
individuales de muy difícil identificación y reparación. Ello supone de manera imprescindible
su agendamiento político, para desarrollar luego una legislación específica, desarrollar
los instrumentos apropiados para reducir el riesgo y finalmente, fortalecer el
financiamiento y las capacidades de planificación tanto o más como aquello que se
hizo en su momento para la respuesta a las emergencias a partir del año 2001 en
la ciudad de La Paz. Desastres como el de Beirut no están lejos de nuestra
realidad y deberían servir como una experiencia que no podemos repetir.
Vladimir Ameller Terrazas
*Es economista
