Desde 1957 hasta 1996, el gobierno central administró la seguridad social del fondo de pensiones. Durante cuatro décadas, el sistema prestó un servicio deficiente a los jubilados, debido a una administración politizada, un excesivo y costoso personal, así como una gestión financiera poco productiva y rudimentaria, lo que generó una crisis en los años 80.
A pesar de haber
creado una institución exclusivamente dedicada a la recaudación y pago de las
rentas a jubilados, el sistema de pensiones llamado de "Reparto
Simple" comenzó a tener problemas de solvencia con el cada vez menor
aporte de los trabajadores. La clave del antiguo sistema radicaba en el
financiamiento provisto por los trabajadores activos quienes en la suficiente
cantidad cubrían a todos los pasivos. Según datos de la época, hasta ese
momento existían 2.6 trabajadores activos por cada trabajador pasivo, pero esta
relación se hizo cada vez más estrecha y dramática con el tiempo, lo que
condujo a la imposibilidad de pagar rentas oportunamente a miles de jubilados.
En 1996, el sistema de
pensiones llegó a un punto de no retorno. Además de los problemas
administrativos propios de un órgano estatal, se sumaron la reducción del gasto
público y el cierre de varias empresas públicas, lo que generó un despido
masivo de trabajadores. Esta precaria situación se agudizó a partir de 1985,
con la crisis económica que requirió de fuertes medidas de ajuste, como la
reducción del gasto estatal y la estabilización de precios y del tipo de
cambio.
El Decreto Supremo
21060, además de reducir el tamaño del Estado mediante el cierre de varias
empresas públicas deficitarias, también generó despidos masivos que afectaron a
miles de trabajadores que desembarcaron en el desempleo o la informalidad de
mercados laborales precarios. Todo esto terminó por dar el "tiro de
gracia" a la tendencial insolvencia para cubrir a los jubilados bajo el
sistema de "Reparto Simple". La declaración de igualdad matemática
entre dos expresiones de la ecuación básica del modelo…se había roto.
Ante este escenario,
el gobierno adoptó un nuevo modelo de pensiones que brindara seguridad,
rentabilidad y transparencia sobre los descuentos realizados a cada trabajador.
El modelo elegido se denominó de "Capitalización Individual". A
partir de 1996, con la Ley 1732 de Pensiones, se habilitaron cuentas
individuales en lugar de un fondo común, lo que permitió un seguimiento y
control directo de los aportes realizados por cada persona durante su vida
laboralmente activa. Estas cuentas fueron administradas por dos instituciones
privadas con experiencia en el mercado de capitales, reguladas por una
superintendencia a cargo del gobierno.
Si bien el cambio
generó una solución para las generaciones futuras, no lo fue para la generación
que, a pesar de haber aportado por décadas, sufrió las consecuencias de recibir
jubilaciones muy bajas en comparación con el monto percibido durante su vida
activa. Sin embargo, la transparencia en el manejo de la información y los
rendimientos satisfactorios entregaron un voto de confianza a la continuidad
del novedoso modelo de "capitalización individual".
La Gestora Pública de
la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) fue creada en 2010 y comenzó a
operar en 2015 mediante un decreto supremo. Desde mayo de 2023, sin experiencia
previa en el manejo de inversiones, ha asumido la gestión efectiva de los
fondos. Se está cambiando la administración de los ahorros desde manos privadas
hacia las del gobierno. Aunque no se están “estatizando” los ahorros
individuales privados, el gobierno decidió “estatizar” la administración de los
fondos de pensiones.
El traslado de la
administración a manos del gobierno no dispone de una evaluación de desempeño que
haga un corte transversal y justifiquen este cambio sobre el trabajo que venían
desarrollando las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Tampoco se conoce
si esta decisión es parte de una política pública a largo plazo que defina las
líneas de trabajo y proyecte el crecimiento de los fondos de pensiones con
mejores rendimientos, menores costos de administración y mayor transparencia
que las administradoras privadas en los últimos años.
Si queremos aprender
de los errores del pasado, será prioridad del gobierno consolidar un órgano
técnico, eficiente y transparente, con mayores capacidades de especialización y
conocimiento que la reciente administración privada. La gestora pública deberá
abrirse a participar en mercados de capitales internacionales y utilizar
plataformas tecnológicas y bursátiles capaces de aprovechar las oportunidades
que brindan los mercados del siglo XXI.
Si la Gestora pretende
ser una entidad técnica y especializada, deberá contar con una serie de
reglamentos de administración que eviten márgenes de discrecionalidad de sus
ejecutivos, una separación de poderes entre su directorio y el Ministerio de
Economía y Finanzas, el reclutamiento de personal por mérito y una política
moderna que mejore el rendimiento y todas las formas de diversificación del
riesgo. Además, resultará fundamental contar con el asesoramiento externo de
calidad que tenga en cuenta factores como el riesgo cambiario, las regulaciones
locales y los modelos de análisis y simulación de las condiciones políticas y
económicas que influyen en los mercados de valores en los que se podría llegar
a invertir.
El monto acumulado a
lo largo de la vida laboral representa un capital autónomo para el individuo y
uno colectivo para el sistema financiero en su conjunto. Estos fondos
acumulados no solo posibilitan el ahorro nacional, sino que también pueden ser
la fuente de apalancamiento de mayores recursos que brinden no solo respaldo
financiero y estabilidad a la economía, sino también oportunidades de inversión
pública de mayor calidad.
Para garantizar la
salud y la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la macroeconomía del
país, las economías actuales se basan en la confianza y en el crédito otorgado
a los distintos actores en los diferentes mercados. La cifra más alta jamás
acumulada en la historia económica boliviana, que asciende a USD 24.000
millones, exige credibilidad e inmediata generación de confianza.
