La carrera de los cien metros, puede concluirse en menos de
once segundos. La maratón de cuarenta y dos kilómetros puede
ocupar varias horas terminarla; una es de velocidad y corto
desarrollo; la otra no, es de largo aliento, de cumplimiento de
etapas, de necesidad de auxilio y orientación, pero también
de planeación y aprendizaje sobre la marcha, porque habrá
momentos que exijan arremetidas y otros de sabia dosificación
de energía. VAT.
La metáfora señalada al iniciar esta introducción nos invita a pensar que algo similar ocurre con el régimen de autonomías en Bolivia; el tema no es quién implementa primero la autonomía, sino quién y cómo se construye Estado con la autonomía. Por ello, el proceso de construccion de estatalidad y ciudadanía a través de las autonomías tiene hoy su propia velocidad, resultado de la interdependencia de múltiples factores que podrían calificar al proceso de rápido o lento, según los ojos de quien la mire, según el reflejo y momento de las propias aspiraciones o frustraciones, sean éstas individuales o colectivas.
Observando el modelo, su proceso y avances, es inevitable preguntarse —una vez más—:¿Necesitábamos más autonomías para el Estado?, o ¿Deberíamos, primero, haber insistido en construir más Estado para las autonomías; más institucionalidad, tecnología y conocimiento para evitar la tradicional impredicibilidad del
comportamiento estatal en su relacionamiento con una sociedad cada vez menos tolerante y empoderada?
Este efecto de “ampliación” a más gobiernos y formas de autonomía, se magnifica con el segundo efecto, de “ensanchamiento”, por las obligaciones expresadas en los 411 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), casi el doble de la anterior constitución. Sin embargo, el régimen de financiamiento del
nuevo Estado Plurinacional no cambia, y si hasta ahora sostiene el nuevo armazón constitucional es por la Ley 3058 de Hidrocarburos, poco equitativa y “negociada” con un gobierno de transición; además del impredecible efecto de precio en los volúmenes de exportaciones de gas; y no precisamente por el desarrollo de una nueva estructura tributaria más universal, menos regresiva, más justa y eficiente, que cubra
las necesidades actuales y futuras de gasto de la gestión estatal. (Introducción Libro PNUD, Cuadernos de Política Publica No.2, 2013)
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