Hace 14 años, cuando les fue transferida la competencia del tercer nivel de salud a las Gobernaciones, se proyectó una mejor gestión de los servicios hospitalarios[1] que aquellos prestados hasta entonces por los Gobiernos Municipales. Sin embargo, la trepidante realidad los doblegó y fueron superados por un sistema de salud con problemas desde su diseño y operación. Fragmentado al detentar tres cabezas (gobierno central, departamental y municipal) y segmentado, al enfrentar servicios paralelos de seguridad social, universitaria y privada, incapaces de integrarse, aún en situación de crisis como la atravesada el año 2020 con la pandemia.
La descentralización por
factores iniciada en el año 1994 y consolidada el 2010 con la Ley Marco de
Autonomías, recrudeció las dificultades legadas por el anterior sistema
centralizado; sin mayores capacidades, con mayores prestaciones de salud (desde
el seguro materno infantil de 1996, ahora con seguro universal con más de 1.260
prestaciones) que se decantan sobre los presupuestos de 17 ciudades capitales e
intermedias; además, con un gobierno central que transformó un competencia de
salud antes exclusiva municipal en concurrente, para que todos compitan y
generen inversiones inconexas en el mismo territorio. (Hospital de Montero,
Hospital del Sur en El Alto, y sus problemas de operación, por ejemplo).
El gasto en salud 2023 más
bajo perca-pita de la región, $us. 292 no aporta (mientras Uruguay gasta 1.492
y Chile 1.204) ante un escenario congestionado por la presencia de varios
gobiernos en el mismo territorio y con una sobredemanda por salud en ciudades;
paradójicamente, con recursos ociosos y de escasa ejecución en 63 municipalidades
pequeñas que no tienen demanda en salud porque su población se traslada a las
capitales de departamento para su atención.
El sector de la salud
colapsó con el Covid-19, pero esta aguda crisis no ha generado prueba de
transformación en el sector, se continúa arrastrando las mismas deficiencias a
lo largo de los años[2];
desafortunadamente, ni la pandemia pudo permear la estructura y marco legal
obsoleto, así como la gestión fracturada y de mala calidad del servicio.
La inversión pública de las
9 Gobernaciones el año 2022 no alcanzó al 24% de sus presupuestos. Es más, 2
ciudades como Santa Cruz y La Paz juntas, disponen de mayor presupuesto que
todas las gobernaciones ($us. 700 millones). Las escasas capacidades, la
asfixia financiera, además del ensombrecido contexto político no favorecen al
marasmo de las Gobernaciones. En esta realidad, las terapias génicas,
inmunoterapias y tratamientos personalizados serán además de costosas, para
muchos profesionales en salud, desconocidas. La implementación de sistemas de
inteligencia artificial para el diagnóstico, tratamiento y gestión de pacientes
cada vez con mayor esperanza de vida, no serán parte de los protocolos de
atención. Ante la escasísima inversión en capital humano y tecnológico, muchas
de las asignaturas sobre nuevas tecnologías médicas con equipos de diagnóstico avanzados,
robótica en cirugías y tratamientos de precisión, con costosos medicamentos, también
estarán ausentes.
La evidencia demuestra que el “modelo” de salud está agotado, siendo las
Gobernaciones un pequeño eslabón del mismo; mientras la escasez de
medicamentos, largas filas por una ficha de madrugada y los tiempos de espera
de meses para una operación quirúrgica en hospitales ya no se aplacan -nunca lo
fueron- con la dotación de ítems de personal, consumidos rápidamente por la
voracidad en la administración discrecional del personal desde el centro. En
concreto, es momento de replantear la agenda pública en materia de salud, de lo
contrario, la salud no tendrá “cura” en los próximos años.
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